Hispalyt sigue apostando por el sector de la construcción como palanca de crecimiento y arrastre de otras actividades. En este sentido considera indispensable que se tomen cuanto antes medidas en materia fiscal, la agilización de los trámites administrativos y la implementación de ayudas, tanto a nivel nacional como europeo, que garanticen la liquidez y el futuro de las empresas.

Medidas fiscales y ayudas directas

Entre las medidas fiscales que podrían tener un importante impacto estaría la reducción de la carga tributaria en la compra de vivienda, tanto el IVA en obra nueva como el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se trate de vivienda de segunda mano.

Otra medida que el sector propone es la deducción en el IRPF por la reforma de vivienda habitual, así como ofrecer mayor cobertura de los préstamos para la compra de vivienda.

Se hace necesaria, además, la rebaja del 10% del IVA de los materiales para los profesionales con el fin de conseguir que este impuesto realmente se aplique. Esta medida contribuiría a evitar el enorme riesgo que va a representar la economía sumergida e incrementar los ingresos de la Administración.

Por otro lado, redundando en las medidas que Hispalyt trasladó a la Administración a finales de abril, se reclama un impulso al sector de la construcción con la promoción de la iniciativa tanto pública como privada, dando facilidades para la renovación de segundas residencias, de las infraestructuras turísticas, de restauración y comerciales, centros sanitarios y educativos, residencias de mayores, etc.

Agilidad de trámites administrativos

Está claro que el papel de la industria, junto con la construcción y el sector primario, va a ser esencial en la reconstrucción de la economía hasta que el sector servicios vaya recuperándose.

Ante la urgente necesidad de reactivación de la economía, las distintas administraciones (nacional, autonómica y local) deberían de reducir la compleja burocracia a la que se ve sometida la industria y las empresas para el desempeño de su gestión y su actividad diaria.

Para ello es vital contar con una regulación inteligente, sencilla, ágil y simplificada, así como que haya una mayor coordinación y armonización entre todas las administraciones implicadas, y en todos sus niveles.

No contar con la agilidad necesaria en la tramitación de expedientes y procedimientos conlleva una merma en la competitividad de las empresas, que ven como pierden oportunidades de negocio ya que numerosos proyectos de inversión que son generadores de empleo y riqueza en el entorno se ven paralizados por el bloqueo administrativo.

Algunos ejemplos que resultan largos y tediosos para la industria son las autorizaciones para la puesta en marcha de unidades productivas, las ampliaciones de plantas existentes, la urbanización de polígonos industriales, la obtención de Autorizaciones Ambientales Integradas, entre otros. En ocasiones, estas tramitaciones duran años. El problema nace de que las administraciones no cumplen los plazos dados por la ley, y sin el informe favorable correspondiente, no se puede seguir adelante con el proyecto. En ese sentido, sería necesario que procediera el silencio administrativo positivo, para poder agilizar los proyectos industriales y empresariales.

En estas circunstancias, es más vital el desarrollo de un marco regulatorio que proteja los principios de unidad de mercado y que evite la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación existente en el ámbito industrial, fomentando la creación de un entorno favorable a la competencia y a la inversión.

Garantía de liquidez y apoyo europeo

Desde el principio de esta crisis Hispalyt ha reclamado medidas que garanticen a las empresas contar con una liquidez amplia y directa que les permita acometer las medidas necesarias para sobrevivir en los momentos más duros y organizar el complicado futuro inmediato en el que se prevé una fuerte caída de demanda, que alcanzará niveles históricos.

En este contexto, es vital que la liquidez llegue a las empresas de forma directa. Hispalyt considera insuficiente una política de avales dónde son las empresas las que se endeudan a través de mecanismos lentos y poco operativos.

Es necesario que el Gobierno asuma su papel como garante de la economía y los empleos del país ofreciendo en primer lugar aportes económicos de urgencia, a fondo perdido, a las empresas para atender salarios, pagos a proveedores y compromisos inmediatos de forma que la economía no colapse por falta de pago generalizada.

En la misma línea es preciso que se instrumenten créditos blandos, a muy largo plazo y en condiciones concesionales, con tipos cercanos a cero y con años de carencia que permitirían a las empresas encarar los años posteriores al primer impacto con una planificación financiera relativamente estable.

Al mismo tiempo, será necesario el aval del gobierno para solicitar financiación: los 100.000 millones serían sólo el comienzo de un apoyo que tiene que llegar rápidamente y no por fases como está pasando ahora, lo que impide realizar una buena planificación. No hay más que ver los compromisos de los gobiernos de países como Alemania, Estados Unidos o Francia donde la inyección de capital ha sido directa, sin contraparte y mucho más abundante.

En el caso de Alemania, por ejemplo, esto es así por su capacidad para endeudarse, su deuda pública se sitúa en torno al 60% sobre el PIB lo que le da un amplio margen para endeudarse y acometer medidas de apoyo directo a sus empresas. No es nuestro caso. La deuda pública española se sitúa en torno al 100% de su PIB y nuestra capacidad para atender al dinero prestado no deja de ponerse en entredicho. Esto deja muy poco margen al Gobierno para llevar a cabo medidas que garanticen una autonomía financiera por lo que, si realmente se quiere inyectar liquidez a las empresas de forma directa, la única vía para España es aceptar las condiciones que llegan de Europa y comprometerse con el cumplimiento de los indicadores en los próximos años.

El Estado español tiene que pensar en el largo plazo y valorar que el precio de pasar por la supervisión europea puede ser la alternativa si con ello no sólo se salva el tejido empresarial español y millones de empleos, sino que se sientan las bases para realizar los cambios estructurales necesarios que nos permitan contar con una economía más sólida y estable. La tan necesaria reforma de calado que necesita la economía española podría devolver a la industria un papel protagonista cercano al 20%, en la línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. 

España tiene la oportunidad de salir reforzada de esta crisis, con el apoyo de Europa y nuestra capacidad industrial, nuestra productividad y la experiencia de nuestro personal; España tiene la oportunidad de erigirse en un foco industrial europeo, no sólo a nivel cerámico, sino también químico, textil, calzado, agroindustrial, automovilístico, y otros muchos sectores que pueden aprovechar esta situación para ganar una posición predominante en el panorama industrial europeo. Mas si cabe en el sector cerámico, considerando que las principales palancas de desarrollo europeo se encuentran bien implantadas en nuestras empresas, en términos de digitalización e industria 4.0, en los que el sector viene haciendo importantes inversiones en los últimos años, así como en sostenibilidad y eficiencia energética, ámbitos en los que la industria de cerámica estructural es un referente.

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