Los sectores industrial y energético podrán emitir un total de 152,6 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero en el período 2008-2012, lo que supone un aumento del 15,9% de emisiones con respecto a 1990 (año base), según se recoge en el borrador del II Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 (PNA) para cumplir con el Protocolo de Kioto.

No obstante, esto significa una reducción de casi 30 millones de toneladas de emisión al año respecto al primer plan para el período 2005-2007, que permitía un total de 182,1 millones de toneladas.

Por sectores, el mayor esfuerzo recae sobre el eléctrico, que entre 2008 y 2012 podrá emitir un total de 54,6 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 11,2 por ciento respecto a 1990. Con respecto al primer plan para el período 2005-2007, las eléctricas tendrán que reducir en más de 30 millones anuales sus emisiones, pasando de los 85,4 millones de toneladas del primer plan a los 54,6 millones de toneladas fijados en el segundo, presentado hoy por el Gobierno y que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, ha de disminuir un 14,8 por ciento su expulsión de CO2 a la atmósfera en relación al año base el sector de la siderurgia, con la posibilidad de emitir 11,7 millones de toneladas de gases contaminantes a la atmósfera.

Sin embargo, el segundo PNA crea una reserva de nuevos entrantes del 5,5 por ciento (7,9 millones de toneladas anuales) frente al 3,5 por ciento del anterior plan, pero no está prevista la subasta de derechos y desaparece la prohibición de construir 'pool' en el sector eléctrico, mientras que cada instalación podrá canjear hasta un 50 por ciento de la asignación.

Con ello, en el promedio anual 2008-2012 las emisiones globales de gases de efecto invernadero en España no deberán superar el 37 por ciento sobre el año base: 15 por ciento más para los sectores incluidos en la directiva europea diseñada para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, un 20 por ciento para mecanismos de flexibilidad y 2 por ciento de sumideros.

Para ello, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo González, señaló durante la presentación del plan la necesidad de poner en marcha reducciones anuales de 37 millones de toneladas anuales de CO2 en los sectores difusos (transporte y sector residencial).

Según explicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el coste máximo del plan en el supuesto de que las empresas industriales y energéticas y el conjunto de España no consiguieran situarse en ese 37 por ciento de límite máximo de emisiones para 2012, sería de 3.000 millones de euros en el quinquenio.

A su juicio, se trata de un gasto 'insignificante' y un resultado 'muy favorable' si se tiene en cuenta el ahorro de barriles de petróleo que supondrá reducir el consumo de energía y sustituir petróleo por fuentes menos contaminantes. En este sentido, explicó que entre 2000 y 2006 España ha gastado en la compra de petróleo 22.000 millones de euros más cada año sólo por el coste del incremento del petróleo.

Así, el coste total para España del cumplimiento del Protocolo de Kioto en este quinquenio oscilará entre 2.300 y 3.000 millones de euros. En el caso de los sectores difusos no incluidos en la directiva se oscilará entre 796 y 1.114 millones de euros en los cinco años (159-223 millones anuales), mientras para los sectores industriales y eléctricos será de entre 1.432 millones de euros y 1.953 (286-390 millones anuales). El Gobierno ha adquirido ya compromisos para la adquisición de créditos de carbono por 60 millones de toneladas (38 por ciento del total del sector difuso).

Para la asignación de derechos de emisión en este II PNA se ha actualizado la metodología que se estableció para el primero, teniendo ahora en cuenta los siguientes factores: las emisiones específicas de los sectores en 2005, el potencial de reducción y el crecimiento económico previsible para el período 2008-2012. Así, se ha posibilitado una asignación individual 'menos compleja', según subrayó el secretario general de Industria, Joan Trullén.

Trullén resaltó el 'esfuerzo' de coordinación del grupo interministerial que ha diseñado los dos PNA y el diálogo 'constante' con los grupos de interés y las empresas afectadas, asegurando que con este segundo plan se respeta el compromiso internacional de cumplimiento del Protocolo de Kioto y se preserva la competitividad de la economía y el empleo. Además, reconoció que el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero hasta 2004 por parte de los sectores de la directiva ha sido 'bastante menos intenso' (45%) que el de los difusos (75%).

Finalmente, el secretario general de Política Económica y Preservación de la Competencia, Ángel Torres, destacó tres características del nuevo plan, cuyo real decreto se prevé aprobar entre septiembre y octubre: que es 'consistente' con los compromisos de España del cumplimiento del Protocolo de Kioto, con la necesidad de preservar la competitividad y el empleo y su continuidad respecto al primer plan.