La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado a los representantes de las Comunidades Autónomas el borrador de la normativa que regulará la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Se estima que cada año se producen 35 millones de toneladas, de los que sólo se reutilizan 1 millón, mientras que unos 25 millones de toneladas se destinan a no controlados.

Según informa el Ministerio de Medio Ambiente, el objetivo de la norma es prevenir la generación de los residuos de construcción y demolición, fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras formas de valorización, y asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, todo ello con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Se trata de maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los residuos de construcción y demolición, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad.

Para lograr estos fines, los productores de estos residuos deberán incluir en el proyecto de la obra un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que deberá contener una estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los desechos que se generarán. La obtención de licencias de construcción quedará condicionada a la existencia de una fianza, cuya devolución se efectuará si se cumple el plan de gestión.

En obras de demolición, reparación o reforma tendrán que hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, prever su retirada selectiva evitando su mezcla con residuos no peligrosos y asegurarse de que se envían a gestores autorizados.

Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, con el fin de garantizar la efectividad de la coordinación y eficacia administrativas, cooperarán y se prestarán la asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las competencias que en materia de residuos de construcción y demolición les atribuye, respectivamente, la legislación sobre residuos.

Además, las administraciones públicas velarán para que en las obras en que intervengan como promotores se introduzcan medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. Asimismo, promoverán que en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y de aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.

Cristina Narbona también informó a las comunidades autónomas sobre la nueva línea de crédito que impulsarán el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a las pymes a introducir tecnologías menos contaminantes. El objetivo es crear una línea de préstamos para las pymes para la financiación de proyectos destinados a la mejora de sus instalaciones, con el objeto de reducir la contaminación atmosférica, prevenir el cambio climático y mejorar la gestión de los residuos.

Las pymes podrán solicitar de financiación hasta el 80% de la inversión. Por su parte, el ICO se compromete a poner en el mercado 30 millones de euros, y el Ministerio de Medio Ambiente dispone de 500.000 euros para la subsidiación de intereses. La financiación máxima será de 500.000 euros, formalizados en una o varias operaciones.

Los proyectos que se podrán beneficiar de este tipo de financiación perseguirán la reducción de emisiones, la introducción de mejoras en los procesos de gestión de residuos, la reducción de los niveles de ruido o la puesta en marcha de iniciativas que permitan incrementar el ahorro y la eficiencia energética. Las comunidades autónomas calificarán estos proyectos como requisito previo a la obtención del préstamo.

Más información: