Ocho meses después de la entrada en vigor de la directiva europea sobre derechos de emisión de CO2, una empresa industrial española ha realizado la primera operación de compra al contado, concretamente de 5.000 toneladas. La transacción se cerró el jueves pasado y fue intermediada por la agencia de valores CIMD, integrada en el mismo grupo que Intermoney.

La vendedora de los derechos ha sido la compañía eléctrica suiza EGL-AG y la compradora “una instalación industrial española”, cuyo nombre no ha sido desvelado por expreso deseo de la compañía propietaria. Aunque el precio tampoco ha trascendido, la compra se decidió el martes pasado cuando el precio del derecho se situaba en 21,5 euros la tonelada, por lo que el comprador ha tenido que desembolsar algo más de 107.500 euros.

Hasta ahora, la compraventa de derechos de emisión por parte de las empresas españolas se ha realizado a plazo, con entrega diferida de los derechos al mes de diciembre. Según establece la norma comunitaria, las empresas de los siete sectores afectados por la directiva europea sobre el Protocolo de Kioto deben saldar su cuenta a finales de año. Todas ellas tienen una bolsa de derechos gratuitos que les otorgó el Plan Nacional de Asignación (PNA) pero, si incurren en un déficit, están obligadas a acudir al mercado de emisiones para cubrir la desviación.

El retraso en la creación de los correspondientes registros nacionales de emisión (el español no empezó a funcionar hasta el pasado mes de mayo) ha provocado un retraso en el funcionamiento del mercado, que ha obligado a las empresas a actuar sólo a plazo (forward). Además, tal como indican en CIMD, “sólo desde hace unas semanas las instalaciones españolas disponen de cuentas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade) para poder realizar operaciones de contado que conllevan la entrega y el pago de los derechos de forma casi inmediata”. De esta manera, en su opinión, “se reduce de forma considerable el riesgo de impago”.

Registros

La operación de la semana pasada supuso, asimismo, el primer traspaso de derechos realizado por Renade, en este caso con un registro austríaco en el que figuran los derechos de EGL. Según la agencia intermediaria, “el funcionamiento del Renade ha sido perfecto y la transmisión de derechos se realizó de forma inmediata de una cuenta a otra, pese a ser una transferencia entre dos registros nacionales diferentes”.

Las dificultades técnicas de la aplicación de la directiva ha hecho que el mercado de derechos tenga muy poca liquidez y que la actitud de las empresas sea la de “esperar a ver”, indican fuentes del sector energético. Por otra parte, fruto de la escasa liquidez, los precios se han situado muy por encima de los 10 euros de máximo que se preveían antes de la entrada en vigor de la directiva y han llegado a alcanzar los 30 euros.

En este escenario, las empresas no han querido “pagar la novatada” y han optado por el forward, que es el mercado en el que se centra la liquidez, y la búsqueda de mecanismos de compensación a través de proyectos de desarrollo limpio (MDL).

Las dos grandes eléctricas suman un déficit de 114 millones

La fuerte demanda, el descenso de la hidraulicidad y la parada de Vandellós y Cofrentes han disparado en el primer semestre la producción de centrales más contaminantes, las de carbón y fuel. Esto se ha traducido en un déficit de derechos de emisión para las dos grandes eléctricas.

Así, en sus cuentas semestrales, Endesa (que recibió 40 millones de toneladas gratuitas en el PNA) ha sumado una desviación de 4,4 millones de toneladas, con un coste de 99 millones al calcular un precio de 22,7 euros la tonelada.

Por su parte Iberdrola (con 12,78 millones de toneladas gratis) ha tenido un déficit de 600.000 toneladas que, a 25 euros, según la empresa, le supone 15 millones. Se trata, en cualquier caso, de apuntes contables, pues ninguna ha realizado operación de contado.

Fuente: Cinco Días