Las exigencias que se derivan de la aplicación de la directiva europea para cumplir con el Protocolo de Kioto se van a traducir en aumento de costes de los sectores afectados y un incremento de los precios de la energía. Estas son las principales conclusiones de una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers (PWC) entre las empresas propietarias de 285 instalaciones eléctricas, de las cuales el 70% están en manos de compañías que tienen una única instalación, procedentes de sectores industriales de aleación, cemento, cerámica, vidrio o papel, entre otros.

Estas compañías, que representan una facturación de 300.000 millones, van a ver cómo sus cuentas de resultados registran unos gastos extra de 2.500 millones anuales (un 1% de su facturación) para cumplir con el nuevo régimen comunitario. 'Va a ser muy difícil trasladar este coste a los consumidores', reflexiona Francisco Martínez, socio de Energía de PWC, quien cree que finalmente estos gastos 'tendrán un impacto en la competitividad de la industria europea'.

Precisamente, las empresas industriales son las que han tenido una menor planificación ante la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, como bien destaca la consultora. 'Si no se actúa con celeridad el valor para el accionista se verá afectado', insiste Martínez, quien aconseja a las empresas crear planes de comunicación para dar a conocer cómo piensan manejar estas medidas.

PWC ha detectado en esta encuesta demasiadas incertidumbres legales, contables y fiscales, por lo que insta a las empresas a presionar a los gobiernos para que establezcan un marco que permita la planificación de la inversión.

En este sentido, la consultora calcula que este año las empresas industriales van a sumar a sus balances un total de 15.000 millones de euros debido a los nuevos intangibles que son los derechos de emisión. PWC considera que la falta de normas contables al respecto hacen muy difícil de clasificar estos nuevos activos. 'Además, no sabemos qué tipos se van a aplicar a estos derechos, ni qué tratamiento fiscal se les va a dar', apunta Mariola Pina, directora de Energía en PWC.

Estas incertidumbres vienen a sumarse a los cambios que se esperan en el periodo 2008-2012, durante el cual se realizará un nuevo reparto de derechos aunque aún no se ha establecido de acuerdo a qué criterios, según denuncia la consultora.

Fuente: Cinco Días